A Salina Khatun, de diez años, se le denegó la admisión de la escuela de barrio cuando sus padres analfabetos no pudieron presentar un certificado de nacimiento. Sus padres trabajan en un horno de ladrillos y, como para los miles de personas que se mueven constantemente en búsqueda de sustento, el papeleo burocrático les es tan desconocido como lo son sus derechos.Casi dos años desde que el muy agasajado Decreto del Derecho a la Educación entró en vigor, la educación escolar sigue plagada de falta de concienciación, confianza y acceso, especialmente entre las comunidades que más la necesitan debido al potencial transformador que tiene sobre la pobreza y el fortalecimiento social.
Una audiencia pública en el Ayuntamiento de Kolkata arrojó algunas respuestas a por qué, a pesar de un mayor reconocimiento constitucional y sustanciales recursos, el estado de la educación escolar sigue dejando qué desear.
La audiencia fue organizada por la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño (NCPCR), en torno a la negación del derecho a la educación. Fue apoyada por una gran cantidad de organizaciones, incluida Action Aid India, que recogió cuidadosamente historias de campo para que un jurado emita directrices sobre las que trabajar.
Por cierto, los funcionarios del Ministerio de Educación que fueron convocados para responder a los casos de violaciones, no negaron ninguno de los alegatos. Esto condujo a la NCPCR a sugerir una pena de 25.000 rupias (365 euros) como multa por violaciones a la ley. La audiencia también se convirtió en un debate sobre la trata de personas, y se hizo evidente que un sistema escolar funcional es la mejor defensa contra esta práctica.
“Parece que no es una cuestión de recursos sino de voluntad”, dijo el Presidente de la NCPCR, Shanta Sinha.
